El Gobierno ha actualizado los coeficientes máximos del impuesto de plusvalía que debe pagar quien venda un inmueble, lo herede o lo reciba en donación. La modificación se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que el Ejecutivo acaba de presentar en el Congreso, y prevé subidas de hasta el 50% en los multiplicadores para la transmisión de propiedades adquiridas entre 2010 y 2018. Para operaciones más antiguas, realizadas en plena burbuja inmobiliaria, los coeficientes, en cambio, se reducen, así como se incrementan los aplicados a operaciones a corto plazo, de menos de dos años.Estos coeficientes varían en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble hasta su transmisión. El Ministerio de Hacienda tuvo que modificar el sistema de cálculo de este impuesto el año pasado, después de que el Tribunal Constitucional lo tumbara. El departamento dirigido por María Jesús Montero estableció en el nuevo diseño menores cargas para las ventas de pisos comprados durante la crisis financiera y antes del pinchazo de la burbuja, mientras que elevó los porcentajes para las ventas a corto plazo, y fijó coeficientes inferiores a los previos a más años de tenencia del inmueble.
El Gobierno modifica cada año estos porcentajes según la evolución del mercado inmobiliario. El cambio recogido en el proyecto de Presupuestos para 2023, que entrará en vigor en enero y que ha adelantado Expansión, eleva en hasta un 50% los coeficientes aplicables a la enajenación de propiedades compradas entre 2015 y 2016, cuando los precios aún no se habían recuperado tras el golpe de la Gran Recesión. También suben, entre un 33% y un 12,5%, los multiplicadores en el caso de operaciones que se llevaron a cabo entre 2010 y 2014. Por el contrario, los coeficientes se reducen en hasta un 19% en el caso de inmuebles adquiridos antes de 2009.
Pese a las modificaciones, los coeficientes más bajos siguen siendo los aplicables a transmisiones por compras realizadas entre 2009 y 2012 (en 2023 subirán a 0,09, con respecto a los 0,08 de este año). Los más altos afectan a las operaciones más antiguas, efectuadas hace más de 20 años, ya que pese a la rebaja partían de un nivel superior.
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), el nombre oficial de la plusvalía municipal, grava la ganancia extra brindada por la revalorización de los terrenos donde radica el inmueble y es un tributo que cobran los Ayuntamientos, que tienen margen para corregir los coeficientes hasta un 15% a la baja. Hasta finales del año pasado, se calculaba a través de una fórmula que suponía que el suelo se revalorizara cada año, aunque la realidad del mercado apuntara hacia otra dirección. Por esta razón, y después de otras dos sentencias en su contra, el Tribunal Constitucional tumbó el sistema el pasado octubre.
El Gobierno aprobó entonces un decreto con un nuevo sistema de cálculo, que permite al contribuyente elegir la fórmula que más le beneficie entre dos distintas opciones. La primera supone calcular la base imponible a través de la ganancia procedente de la operación; la segunda se asemeja al método empleado hasta ahora, basado en la aplicación de unos coeficientes al valor catastral del terreno, pero que varían en función del número de años transcurridos desde la adquisición del inmueble hasta su enajenación, intentando reflejar así la evolución del mercado.
A partir del cambio de sistema se aplican coeficientes menores a las ventas de pisos comprados durante la crisis financiera y antes del pinchazo de la burbuja y se penalizan más las ventas a corto plazo, por su posible naturaleza especulativa. Los coeficientes suben a más años de tenencia del inmueble, pero son inferiores a los previos.
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